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viernes, 9 de abril de 2010

Bush es acusado de enviar a Guantánamo a cientos de inocentes


Un coronel estadounidense asegura que tanto él como sus asesores Cheney y Rumsfeld los mantuvieron allí por cuestiones políticas

PÚBLICO.ES
Londres
9/4/2010

Los tres máximos responsables de la Guerra contra el terror apoyaron la detención de inocentes.

George Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld conocían que cientos de personas inocentes estaban siendo enviadas a la cárcel de Guantánamo.

Los máximos responsables del Gobierno estadounidense ocultaron este hecho y se negaron a liberarlos por miedo a que esto pudiera dañar la 'Guerra contra el terror' y la ansiada invasión de Irak.

La información ha sido difundida este viernes por el diario británico The Times, que dice haberse hecho con unos documentos oficiales que lo certifican.

Las acusaciones se desprenden del testimonio del coronel Lawrence Wilkerson, asesor del entonces secretario de Estado de EEUU, Colin Powell.

Las acusaciones de Wilkerson formaban parte de la defensa de uno de los presos acusados de pertenecer supuestamente a la banda terrorista Al Qaeda.

El militar afirmó por escrito que el ex vicepresidente Cheney y el ex secretario de Defensa Rumsfeld sabían que la mayoría de los 742 detenidos que fueron enviados a Guantánamo en 2002 eran inocentes. Según el diario, ambos creían que "era políticamente imposible liberarlos".

El fin justificaba los medios

The Times afirma que Powell apoyó el testimonio de Wilkerson. La relación del ex secretario de Estado con el resto de la Administración Bush no era la mejor ya que siempre les recriminó que le pasarán información falsa sobre las armas de destrucción masiva en Irak.

Powell quedó en evidencia ante todo el mundo cuando apoyó la invasión de 2003 basándose en las pruebas falsificadas y abandonó la Casa Blanca en 2005.

La declaración del coronel deja en evidencia las prácticas de la Administración Bush entonces. Wilkerson dijo que la mayoría de los detenidos - entre los que afirma que había niños de 12 años- no habían visto en su vida a un soldado estadounidense sino que los Ejércitos de Afganistán y Pakistán los estaban vendiendo a EEUU por 5.000 dólares.

Según su testimonio, no los liberaron porque entonces la explicación de su arresto habría puesto en evidencia la operación. "Era intolerable para la Administración y habría causado daños muy serios en la imagen del Ministerio de Defensa", dijo.


A Cheney, según Wilkerson "no le importaba lo más mínimo que la mayoría de los presos fueran inocentes [...] Si cientos de personas inocentes tenían que sufrir este trato sólo para detener a unos cuantos terroristas peligrosos, debía ser así".

Las declaraciones de Cheney en los últimos tiempos, defendiendo la 'Guerra contra el terror' y la tortura como un arma de defensa, lo ponen en evidencia.

Bush estaba de acuerdo

"Discutí este asunto con el secretario Powell y entendí que no era sólo la manera de pensar de Cheney y Rumsfeld, sino del propio presidente Bush, que también estaba tomando esas decisiones", añade el militar.

El testimonio de Wilkerson estaba hecho a favor de la liberación de Adel Hassan Hamad, un hombre de origen sudanés que estuvo encarcelado de 2003 a 2007. Hamad, como muchos otros a su salida de Guantánamo acusó a las autoridades estadounidenses de torturas.

Según el diario, el entorno de Bush se negó a hacer declaraciones al respecto.

(Extraído de www.publico.es)

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sábado, 2 de mayo de 2009

La causa sobre Guantánamo en España apunta a Rumsfeld


Los querellantes aportan los documentos desclasificados en EEUU que solicitaba Garzón

Pere Rusiñol
Madrid
01/05/2009

La causa que ha abierto el juez Baltasar Garzón sobre las torturas cometidas por la Administración de George W. Bush ya no se limita a los abogados que construyeron el "andamiaje legal" que llevó a Guantánamo. Ahora apunta directamente a algunos de sus jefes políticos. Los más importantes: Donald Rumsfeld, ex secretaria de Defensa; y Condoleezza Rice, su consejera de Seguridad Nacional en el primer mandato de Bush y luego secretaria de Estado.

Los promotores de la querella inicial ante la Audiencia Nacional, que formalmente ha sido asumida por el juez Eloy Velasco, ya se han personado ante la nueva causa abierta por Garzón, que ha iniciado su proceso a partir de uno anterior sobre terrorismo islamista aduciendo que los informes desclasificados recientemente por Barack Obama "revelan lo que antes se intuía".

Estos mismos memorandos desclasificados que esgrime Garzón han servido a los querellantes para ampliar la querella. Inicialmente, presentaron su causa sólo contra seis juristas de Bush, algunos de lso cuales tuvieron sin embargo gran relevancia política, como Alberto Gonsales y Douglas Feith. A este punto se había agarrado el fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, para rechazar con argumentos durísimos la causa, tildándola de "fraudulenta" porque no iba a la supuesta raíz del problema, sino sólo contra los juristas.

Ni Bush ni Cheney

En la nueva situación, este problema ya no existe porque la querella, readaptada y ya ante la mesa de Garzón, incluye a pesos pesados del primer mandato de Bush: se pide la imputación por la planificación de la tortura un delito en el que puede aducirse jurisdicción universal de Rumsfeld y Rice, y también de John Ashcroft, ex fiscal general, entre otros. En cambio, no están en esta primera fase ni Bush ni su vicepresidente, Dick Cheney, aunque si el caso va adelante es muy difícil que no aparezcan sus nombres.

Pese a que la fiscalía quiso enterrar el caso justo después de los encuentros de José Luis Rodríguez Zapatero con el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, primero, y el propio Obama, después, la nueva situación es mucho más explosiva: está en manos de Garzón, la querella se ha ampliado contra cargos directamente políticos y ya se han personado abogados, como acusación popular y en representación de Jamiel Abdul Latif Al Banna, británico que estuvo en Guantánamo y que Garzón investigó en la causa original que le ha servido de semilla para ésta.

Documentos nuevos

Garzón ya tiene también sobre la mesa los nuevos documentos difundidos en las últimas semanas en EEUU. Los querellantes han aportado cuatro: la investigación del Senado sobre el trato a los detenidos, el largo informe 263 páginas en que derivó, los memorandos desclasificados de la CIA sobre los métodos de interrogación, y un informe inicialmente secreto en el que el Comité Internacional de Cruz Roja describía el terrible trato que EEUU daba a los presos de la "guerra contra el terrorismo".

Del propio documento del Senado se extraen los elementos que los abogados utilizan para pedir que se impute a Rumsfeld y Rice: el documento describe el papel directo del ex jefe del Pentágono en la aprobación de nuevas técnicas equivalentes a la tortura como el waterboarding (ahogamiento simulado) y la supervisión de Rice.

(Extraído de www.publico.es)

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viernes, 17 de abril de 2009

Obama no juzgará a los funcionarios de la CIA por torturas en Guantánamo


El presidente de EEUU cree que no deben ser enjuiciados "aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose del Departamento de Justicia"

17/04/2009

Washington. (EFE).- El presidente de EEUU, Barack Obama, dijo hoy que no perseguirá a funcionarios de la CIA por tortura en interrogatorios, coincidiendo con la publicación de informes hasta ahora secretos del anterior Gobierno que autorizaron las prácticas.

"Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", indicó Obama en un comunicado difundido poco después de su llegada a México.

"Ya he puesto punto final a las técnicas descritas en los informes", subrayó Obama.

Uno de esos documentos, de agosto de 2002, dio luz verde para que se sometiese al miembro de Al Qaeda Abu Zubaydah a un interrogatorio con asfixia simulada.

"Consideramos que el uso de la asfixia simulada representa una amenaza de muerte inminente», señala el memorándum, que añade que «crea en el sujeto la incontrolable sensación física de que el sujeto se está asfixiando".

Aun así, el texto, redactado por el abogado del gobierno Jay Bybee, concluye que "ante la ausencia de un prolongado daño mental (...) el uso de estos procedimientos no constituiría tortura".

El informe autorizó también usar insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, así como la privación del sueño.

Otro documento refleja la opinión legal emitida por un alto funcionario del Departamento de Justicia en el año 2005 en la que autorizaba una combinación de métodos interrogatorios para alcanzar resultados más efectivos.

"Los que conducen los interrogatorios pueden combinar la asfixia simulada con el mantener (a los sospechosos) de pie contra la pared, abofetearles o golpearles en el estómago", escribió el funcionario Stephen Bradbury.

Obama condenó hoy esas prácticas, que mermaron, dijo, la autoridad moral de EEUU y la seguridad en el país, pero subrayó que no enjuiciará a los que las llevaron a cabo porque los funcionarios de la CIA que recurrieron a esas prácticas se guiaron por la teoría legal imperante en el momento.

Destacó que EEUU ha atravesado por un capítulo "negro y doloroso" de su historia, pero insistió en que en momentos de grandes desafíos y falta de unidad "no se gana nada al invertir nuestro tiempo y energía en asignar culpas por lo que pasó".

"De ahí que debamos resistir las fuerzas que nos dividen y en lugar de eso unirnos en nombre de nuestro futuro común", destacó.

Tanto Obama como el fiscal general estadounidense, Eric Holder, han dicho en varias ocasiones que consideran "tortura" algunas de las prácticas a las que recurrió la CIA en los últimos años, como la asfixia simulada.


Los informes divulgados hoy se hicieron públicos a petición de un tribunal de California.

El citado tribunal había dado al Gobierno de plazo hasta hoy para publicar los documentos en respuesta a una querella planteada por la organización de defensa de los derechos civiles American Civil Liberties Union o bien explicar por qué no podía sacarlos a la luz.

Los informes facilitaron el marco legal para llevar adelante unas tácticas de interrogación ampliamente consideradas ahora como tortura, como la asfixia simulada.

El presidente dijo que había autorizado la publicación de los documentos para evitar "una descripción imprecisa de lo que ocurrió" lo que "alentaría presunciones erróneas e inflamatorias de las medidas adoptadas por EEUU".

Algunos grupos de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch criticaron hoy la decisión de Obama y dijeron que no está en lo cierto al creer que no se ganaría nada al examinar los actos ilegales cometidos en el pasado.

"El perseguir violaciones de la ley no implica asignar culpas por lo que pasó sino que asegura que esos crímenes no volverán a repetirse", dijo en declaraciones a los medios Stacy Sullivan, de Human Rights Watch.

(Extraído de www.lavanguardia.es)

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(subtítulos en español)


sábado, 4 de abril de 2009

La causa española contra Guantánamo agita EEUU


El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes justifica que España juzgue a seis asesores de Bush. Un querellado dice que la iniciativa es un "insulto nacional"

Pere Rusiñol
Madrid
4/4/2009

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de EEUU, el demócrata John Conyers Jr., ha emitido un comunicado en el que aplaude la querella criminal presentada en España contra seis colaboradores de George W. Bush por las torturas practicadas en Guantánamo . La iniciativa judicial, adelantada por Público, ha desencadenado una tormenta política en EEUU ante la insólita posibilidad de que un órgano judicial extranjero impute a ex altos cargos de la Administración estadounidense.

Conyers Jr., congresista por Michigan, es uno de los dirigentes demócratas que presionan para investigar las posibles responsabilidades penales de la Administración de Bush. Tras la renovación de la Cámara de Representantes de 2006, fue promovido a la presidencia de la Comisión de Justicia, un puesto institucional que va más allá de su afiliación demócrata.

"Teniendo en cuenta nuestras obligaciones con la Convención contra la Tortura de 1984, entiendo el paso dado por un jurista serio y respetado", sostiene Conley Jr. en su comunicado, en referencia al juez Baltasar Garzón. La querella todavía no ha sido admitida formalmente a trámite, pero ya ha tenido efectos jurídicos: el juez ha emitido una providencia instando a la Fiscalía a pronunciarse.

En su comunicado, que coincidió con la presentación de un informe dirigido por el propio congresista sobre los atropellos legales de Bush, recalca que espera que la iniciativa española espolee a Washington a investigar a la Administración de Bush, de forma que al final sea innecesaria. "En definitiva, sin embargo, es la obligación de América [por EEUU] vigilar su propio cumplimiento de las leyes estadounidenses e internacionales".

La iniciativa española ha provocado un vibrante debate en EEUU en el que participan los grandes medios, desde The New York Times hasta The Wall Street Journal, pasando por la revista Time y muchos otros.

Una ONG de derechos humanos pide a Obama que tome nota

Los sectores más próximos a Bush consideran que la querella es un "insulto". En el otro lado del abanico político, el Centro para los Derechos Constitucionales, un combativo think tank que pretende sentar ante la justicia a Bush y todos sus colaboradores, ha expresado entusiasmo: "El mundo se está volviendo pequeño para los conspiradores de la tortura", asegura su presidente, Michael Ratner. "La investigación española es un mensaje a la Administración de Obama de que no puede evadir más la cuestión de la responsabilidad de quienes implementaron una política de tortura", añade Vincent Warren, director ejecutivo de la organización.

El único de los seis querellados que se ha explayado en los medios es Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa. Feith ha declinado hablar con Público, pero ha dejado clara su postura en medios afines: dijo a Fox News que la iniciativa es "vergonzosa" y que "pretende intimidar a EEUU". Y ayer, en un largo artículo en The Wall Street Journal, la consideró "un insulto nacional".

Fox amenaza con un boicot a España

El presentador estrella de Fox News, Bill O’Reilly, ha amagado con impulsar un boicot contra España si se admite a trámite la querella, como hizo con Francia durante la guerra de Irak. Fox News es la cadena de cable con más audiencia de EEUU y pertenece a NewsCorp, grupo del que es consejero José María Aznar.

O’Reilly dijo que teme que el caso prospere porque Zapatero es socialista y reprochó al embajador español, Jorge Dezcállar, que no se mueva con celeridad para impedirlo.

(Extraído de www.publico.es)

sábado, 28 de marzo de 2009

Querella española por la prisión de Guantánamo


La fiscalía examina la demanda criminal presentada ante Garzón contra el equipo jurídico de Bush. Los abogados esgrimen que la tortura es un delito contra la comunidad internacional.

Pere Rusiñol
Madrid
28/03/2009

George W. Bush puede seguir descansando en Texas, pero deberá tener al menos un ojo puesto en España: un grupo de abogados ha presentado a la Audiencia Nacional la primera querella criminal contra algunos miembros de su Gabinete por el atropello de derechos básicos internacionales y torturas en la base de Guantánamo.

La querella, presentada el 17 de marzo, está ya en la mesa del juez Baltasar Garzón. Y aunque formalmente aún no la ha aceptado a trámite, ya ha tenido consecuencias: fuentes jurídicas explican que el juez ha emitido una providencia en la que pide a la fiscalía que examine la querella, que no va directamente contra Bush sino contra el equipo de abogados de la Casa Blanca y el Pentágono que construyó todo el andamiaje que justificó Guantánamo y el uso de la tortura en la "guerra contra el terrorismo".

La querella está impulsada por cuatro abogados Gonzalo Boyé, Isabel Elbal, Luis Velasco y Antonio Segura con experiencia en causas de delitos contra la humanidad, que no se circunscriben al lugar donde se cometen sino que, por su gravedad, son perseguibles en todo el mundo. El equipo jurídico es el mismo que promovió la querella contra el ex ministro de Defensa israelí Binyamin Ben Eliezer por su responsabilidad en la muerte de los 14 civiles en un bombardeo en Gaza en julio de 2002. Esta última querella ya fue admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, lo que provocó la indignación del Gobierno israelí.

La nueva querella presentada obligará a la Audiencia Nacional a abordar el caso sobre Guantánamo en nombre de la jurisdicción universal al considerarse pisoteados principios fundamentales como el rechazo de la tortura. Pero los querellantes han encontrado una fórmula para encontrarle conexión también con España y reforzar así sus posibilidades: recuerdan que el juez Baltasar Garzón abrió procedimientos contra cinco personas por su presunta vinculación a una eventual célula española de Al Qaeda Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Reswad Abdulsam, Abu Anas y Omar Deghayes y que pasaron por Guantánamo. Los cinco fueron finalmente absueltos por el Tribunal Supremo al considerar precisamente que no podían tenerse en cuenta las declaraciones sonsacadas bajo tortura en Guantánamo.

Margen amplio

Esta conexión es la que ha dado pie a Garzón a reabrir ese caso y a pedir a la fiscalía que se pronuncie sobre si la nueva querella lo altera en la medida en que habría que enjuiciar a los responsables de las torturas, que fueron determinantes para la sentencia. Ésta sería una vía para vehicular la querella. La otra sería admitirla a trámite como una causa independiente.

El único precedente a la querella presentada ante la Audiencia Nacional se dio en Alemania en 2006 y fue archivada. Pero en aquella ocasión se apuntaba directamente a lo más alto Bush y a su hombre en el Pentágono, Donald Rumsfeld y por acusaciones tan globales y filosóficas que acabó en nada.

La querella presentada ahora en Madrid es mucho más concreta y posibilista. No señala directamente al primerísimo nivel, sino a los juristas que elaboraron por escrito toda la doctrina que argumentaba que las normas internacionales del trato a los prisioneros debían suspenderse como consecuencia de la excepcionalidad de la "guerra contra el terror" emprendida tras el 11-S.


Los acusados son Alberto Gonzales, asesor de Bush cuando se diseñó la nueva política y posteriormente fiscal general; David Addington, consejero del vicepresidente, Dick Cheney; William J Haynes, consejero del Departamento de Defensa, que dirigía Donald Rumsfeld; Douglas Feith, subsecretario para asuntos legales de Defensa, Jay S. Bybee, asistente del fiscal general, y John Yoo, otro asistente jurídico del primer Gobierno de Bush, el que creó Guantánamo.

Expertos consultados ajenos a la querella subrayan que tiene muchas más posibilidades de prosperar que en Alemania precisamente porque no se apunta tan alto. Obviamente, dirigentes de más rango podrían incluirse si la causa finalmente se aceptara a trámite, como queda claro en la propia querella: "Sin perjuicio de las personas que posteriormente, y avanzada la investigación, puedan aparecer también como responsables de los hechos aquí expuestos".

Los mismos expertos recalcan otro elemento distinto con respecto a Alemania: la legislación española es mucho más abierta a investigar violaciones contra la ley internacional en todo el mundo, como ha quedado claro con los procesos abiertos contra dictadores latinoamericanos, la guerra de los Grandes Lagos y la actuación israelí en Gaza, entre otros. En España, la legislación universal es absoluta, lo que hace mucho más fácil que se admita a trámite.

Memorandos internos

La querella aporta algunos memorandos internos recientemente desclasificados del equipo de juristas de Bush en el que se detalla la nueva política de situar la "guerra contra el terrorismo" al margen de los tratados internacionales suscritos por EEUU, como las Convenciones de Ginebra, en las que se regula el trato que debe darse a los detenidos, o la Convención contra la Tortura.

El documento, de casi 100 páginas, constituye una crónica exhaustiva de cómo la Administración de Bush armó un nuevo corpus legal que echó por la borda toda una tradición legalista de más de 200 años. Los documentos muestran que los asesores de Bush conocían la ley internacional y la violaban conscientemente, según los querellantes.

(Extraído de www.publico.es)

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jueves, 5 de febrero de 2009

EEUU presiona a Londres para ocultar torturas en Guantánamo


Dos magistrados ocultan evidencias ante las amenazas de las autoridades estadounidenses de interrumpir la cooperación antiterrorista con Reino Unido si se hacían públicos los detalles

Daniel del Pino
Londres
04/02/2009

El esfuerzo de Estados Unidos por silenciar cualquier prueba que demuestre las torturas a los presos de Guantánamo durante la Administración Bush ha alcanzado límites insospechados. Dos jueces británicos ocultaron un informe, bajo presión del Gobierno de Londres, que evidenciaría las vejaciones a las que fue sometido Binyam Mohamed, un etíope con pasaporte británico retenido en el centro de detención desde hace cuatro años, para no crear un conflicto diplomático.

Los dos magistrados del Tribunal Supremo, John Thomas y David Lloyds Jones, acusaron a Washington de presionar al Reino Unido bajo la amenaza de romper todos los acuerdos de colaboración de los servicios secretos de ambos países si se atrevían a publicar dichas pruebas.

Thomas y Jones mostraron su malestar al no explicarse cómo, "a pesar de lo políticamente controvertido" que resulta el asunto, "un gobierno democrático puede oponerse a publicar las pruebas" que demuestran que Mohamed fue torturado en Marruecos.

Ambos tomaron esta decisión después de revisar un informe del ministro de Exteriores laborista, David Miliband, que advierte de que cualquier movimiento en ese sentido podría "poner en peligro la seguridad de los ciudadanos británicos" en caso de un ataque terrorista. En el mismo documento, Miliband insiste en que esta amenaza estadounidense sigue siendo efectiva bajo el Gobierno de Barack Obama.

La reacción de los conservadores no se hizo esperar. El diputado tory David Davis dijo que de las palabras de los jueces se extrae la conclusión de que el MI5, el departamento de Inteligencia británico, conocía las torturas y por tanto "es cómplice en la ocultación de las pruebas".

Davis pidió al primer ministro Gordon Brown que abra de inmediato una investigación sobre los hechos que tildó de "suma importancia para el país". El fallo, dijo, "implica que hubo torturas en el caso Mohamed y que las agencias británicas fueron cómplices. Pero todavía algo peor, que EEUU ha amenazado a nuestro Tribunal Supremo si saca a la luz la información".

Un portavoz de Brown dijo este miércoles que el premier no estaba al tanto de dichas presiones y que "las relaciones de inteligencia entre ambos países seguirán intactas".

Mohamed fue detenido en 2002 en Pakistán. Según EEUU había sido adiestrado por una célula de Al Qaeda en Afganistán en la fabricación de explosivos. Tras ser retenido varios meses allí fue transferido a Marruecos y en 2004 llegó a Guantánamo. En octubre, el Pentágono retiró todos los cargos contra él, ya que durante la vista del juicio alegó que había confesado participar en la trama de un atentado después de haber sido torturado en Marruecos.

Su abogado, Clive Stafford, dijo que la decisión de los jueces va a forzar a los Gobiernos británico y estadounidense "a explicar por qué tienen tanto miedo a hacer público el informe sobre las torturas".

(Extraído de www.publico.es)

Entrevista al escritor e investigador Trevor Paglen. "En seis años la CIA ha secuestrado a cien personas"


"9/11 was an inside job" de Brian Stuart Fox

jueves, 8 de enero de 2009

Pacto para secuestrar y torturar inocentes


Pascual Serrano / Rebelión
07/01/2009

Como se recordará, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, el diario El País difundió documentos oficiales calificados de alto secreto que demostraban que el gobierno español durante la época de José María Aznar conoció y aprobó que los vuelos clandestinos de la CIA con destino a Guantánamo y otros centros de detención y tortura utilizasen aeropuertos y espacio aéreo español. Tras varios días de surrealista respuesta del gobierno Zapatero afirmando que los documentos secretos no aparecían en los archivos del ministerio, mientras que el alto cargo que los firmó reconocía su validez, el ministro Miguel Angel Moratinos compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Lo que más me ha impresionado es el desparpajo y desvergüenza con que lo dos principales partidos políticos –PSOE y PP- han escenificado su pacto para enterrar y obviar la responsabilidad de sus respectivos gobiernos en estos vuelos. No olvidemos que la Audiencia Nacional tiene abierta una causa para analizar los importantes indicios de que hay sobre once vuelos que hicieron escala en España entre enero de 2002 y noviembre de 2006.

L a alianza de silencio comienza con el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, pidiendo al PSOE el 24 de diciembre pasar página política y buscar un "consenso activo" en política exterior. "No hay que buscar más historias a esto. Las cosas hay que dejarlas que sigan su curso", afirmó. Para recordarle al gobierno que le interesa enterrar lo sucedido, Arístegui señalaba que de estos vuelos, dos fueron en la etapa de Aznar y nueve en la de José Luis Rodríguez Zapatero. "Con eso queda todo razonablemente dicho", puntualizó Arístegui. Sabedor de que los dos gobiernos tienen cosas oscuras que ocultar, el diputado del PP señaló que aunque respeta el derecho individual de algunos diputados a seguir presentando iniciativas para saber más de esta cuestión, advirtió a los socialistas de que si cambian su táctica y demandan más información, el PP lo hará igualmente. "Si el PSOE dice que se siga investigando, el PP también quiere saber lo que pasó después de ese momento" (2004), afirmó.

La parte socialista acepta la omertá. Dos días después, el 26 de diciembre, la secretaria de Política Internacional y de Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, está de acuerdo con cerrar el debate político tal y como había propuesto Arístegui. Valenciano exigió también al grupo popular que retirase las preguntas que algunos de sus diputados tienen registradas en el Congreso para conocer más datos de los vuelos de la CIA en la etapa de Zapatero. "Por nosotros, estamos dispuestos a acordar que este asunto se dirima en los tribunales, pero el PP debe retirar sus preguntas", ha manifestado Valenciano. Según la responsable socialista, mantener vivas esas iniciativas sería "incoherente" con la voluntad del principal partido de la oposición a zanjar el caso desde el punto de vista político.

De ambas posiciones sólo podemos sacar una conclusión: la complicidad, connivencia y encubrimiento mutuo para ocultar a la sociedad española la implicación de ambos gobiernos y ambos partidos en delitos tan graves como el secuestro de ciudadanos -muchos de ellos absolutamente inocentes- para su posterior envío a cárceles clandestinas o centros de tortura.

Es evidente que ante los ojos de muchos pueblos árabes el verdadero terrorismo donde se está gestando es en Occidente.

(Extraído de www.pascualserrano.net)


Camino a Guantanamo

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Secuestros de la CIA pasan factura

Romina López La Rosa
1/2/2007

El sentimiento de solidaridad surgido entre los gobiernos europeos hacia Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, que en medio de la conmoción los llevó al parecer incluso a permitir el secuestro de personas, ha comenzado a pasar una grave factura en Alemania.

La Fiscalía de Munich emitió ayer una orden de detención contra 13 presuntos agentes de la CIA estadounidenses por su participación en el secuestro del ciudadano alemán Jaled El Masri, mientras otro caso, el de Murat Kurnaz, que estuvo cinco años preso en la base de Guantánamo, tiene contra las cuerdas al actual ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier.

De 43 años y origen libanés, la historia de El Masri podría servir para una versión de la novela El conde de Montecristo, al menos en la parte de las penalidades: Al parecer debido a que su nombre es casi idéntico al de un sospechoso de haber ayudado a una célula de Al Qaeda en Hamburgo (Jalid al Masri), fue detenido cuando iba de vacaciones a Macedonia en diciembre de 2003.

Las autoridades macedonias creyeron que su pasaporte alemán -ciudadanía que adoptó en 1994- era falso y alertaron a la CIA, que acabó llevándoselo en un vuelo secreto procedente de la ciudad española de Palma de Mallorca a una prisión de Afganistán, donde fue torturado, hasta que los agentes se dieron cuenta de que su documentación era legal.

En marzo de 2004 El Masri protagonizó una huelga de hambre exigiendo que se lo juzgara debidamente o liberara, y en mayo, tras haber reconocido los servicios secretos que se trataba de un error, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, ordenó su puesta en libertad.

El Masri cree que las autoridades alemanas hicieron muy poco por su liberación, pero el caso de Kurnaz resulta mucho más delicado para el actual gobierno de coalición germano, porque Steinmeier era durante su captura el coordinador de los servicios secretos.

Kurnaz, quien lanzará en abril un libro con sus experiencias en Guantánamo, fue detenido en Paquistán en noviembre de 2001, durante un viaje en el que afirma que pretendía "profundizar en el islam". El joven nació en Bremen en el seno de una familia turca, aunque nunca adoptó la nacionalidad alemana.

En medio de las presiones que se vivían tras el 11-S sobre todo en Alemania -de donde provenían varios de los secuestradores de los aviones- las autoridades no hicieron nada por liberar a Kurnaz.

Steinmeier, del socialdemócrata SPD, asegura no haber tenido conocimiento del caso, pero a la vez se defiende. "Alemania era vista como el país preferido de las células terroristas 'durmientes' y como tal mirado con desconfianza por Estados Unidos. Encima teníamos que prestar atención de que no ocurrieran más atentados", argumenta.

El caso ha desatado una verdadera tormenta en torno al ministro, aumentada tras su afirmación de que de todos modos el joven tenía "sus raíces" en Turquía, pese a haber pasado toda su vida en Alemania.

El escándalo hace tambalear incluso a la coalición entre el SPD y los democristianos de Angela Merkel, quien fue al final la que gestionó la liberación de Kurnaz.

Los pedidos de captura de la Fiscalía alemana tendrán probablemente un efecto nulo -al igual que unos similares realizados hace unos meses por Italia- porque Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos, pero los presuntos agentes podrían ser arrestados de viajar a Europa. Mientras tanto, El Masri ha iniciado un proceso también ante los tribunales estadounidenses en busca de una indemnización.

En Alemania, Steinmeier enfrentará aún una compleja batalla en su defensa política. Y tampoco está cerrado el capítulo de los vuelos secretos de la CIA en Europa, que involucran a muchos Estados, entre ellos España, donde se cree que hicieron escala 24 vuelos en los últimos dos años, según el Consejo de Europa. Los El Masri y Kurnaz podrían seguir multiplicándose.

(Extraído de prensa.com)


El 6 de diciembre de 2005 la American Civil Liberties Union ayudó a El-Masri a plantear una demanda en Estados Unidos contra el antiguo director de la CIA, George Tenet, y contra los propietarios de los aviones privados, usados por la CIA para transportarle. El-Masri tuvo que participar a través de video conferencia porque las autoridades estadounidenses otra vez le confundieron con el terrorista de al-Qaeda Jalid al-Masri y le negaron la entrada al país cuando su avión llegó a Estados Unidos. También negaron la entrada a su abogado, Manfred Gnjidic.

El 9 de octubre de 2007, la Corte Suprema de los Estados Unidos declinó, sin hacer comentarios, una apelación de demanda civil de El-Masri contra los EE.UU, permitiendo que se mantuviera un veredicto previo emitido por un juez federal de una corte de distrito, la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos. Estas cortes habían estado de acuerdo con el gobierno en que el caso no podía avanzar sin exponer secretos de Estado.

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