por Eva Golinger
El gobierno de los EE.UU. está acosando seriamente el libre intercambio de ideas. La libertad de prensa está en peligro, un peligro tan grave que podría acabar con el concepto fundamental del periodismo.
Los esfuerzos de intimidación vienen de los niveles más altos del estado y los medios y periodistas que asumen con coraje y valentía su trabajo de reportar la información veraz y oportuna podrían hasta perder su propia libertad, podrían terminar presos y estigmatizados como “traidores”. A pesar de lo que muchos engañados y manipulados pensarán, no se trata de Venezuela, se refiere a los Estados Unidos de América. El gran país de la democracia del norte, el que invierte billones de dólares en supuestos intentos de promover la democracia y la libertad alrededor del mundo, el que justifica guerras, invasiones e intervenciones en nombre de la libertad, ése es el país que realmente viola a la libertad de expresión y amenaza la existencia de una prensa libre e independiente.
Mientras el gobierno de Washington acusa con frecuencia a Venezuela por no cumplir con las normas de la libertad de expresión y los principios básicos de la democracia, acosa a periodistas en su país y amenaza con enjuiciarlos simplemente por publicar información veraz. No se trata de manipulaciones ni críticas no fundamentadas, ni se trata de vilipendio ni incitación a la violencia o la desestabilización. Se trata meramente de la investigación y publicación de información que cae dentro del espectro del interés público.
El viernes pasado, 23 de junio del 2006, el periódico The New York Times, publicó un artículo sobre un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia que comenzó poco después de los ataques del 11 de septiembre y que permite a los funcionarios de la división de contraterrorismo acceder a los archivos financieros ubicados en bases de datos internacionales. La operación incluye a la examinación de transacciones bancarias que involucran a cientos de miles de estadounidenses y otras personas residentes en el país.
El programa de la CIA es limitado, según los portavoces del gobierno de Washington, a la búsqueda de información de personas bajo sospecha por tener relaciones con Al Qaeda, pero en realidad, están revisando y monitoreando los más de 6 trillones de dólares que se mueven entre bancos, empresas financieras, bolsas de valor y otras instituciones. La mayoría de los archivos contienen información sobre giros, transferencias y otras mecanismos de sacar dinero fuera de los Estados Unidos.
El programa esta justificado bajo los poderes económicos de emergencia del presidente de los EEUU y dicen que han tomado pasos para proteger la privacidad de los estadounidenses. Sin embargo, este uso de los poderes del ejecutivo esta pasando por encima de todas las normas y reglas judiciales y legales que garantizan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de ese país. Este programa es distinto a la operación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de espionaje e intervención en las telecomunicaciones de millones de estadounidenses y personas residentes en el país.
Cuando el New York Times obtuvo la información sobre el programa y estaba preparando el artículo para su publicación en mayo de este año, el editor ejecutivo, Bill Keller, recibió una visita del Secretario del Tesoro John Snow. El Secretario del departamento financiero de Washington argumentó a Keller durante más de una hora todas las razones para no publicar el artículo. Pocos días después, el editor del New York Times recibió una llamada directa de John Negroponte, el Director Nacional de Inteligencia, quien le dijo que no sería prudente ni beneficioso para el periódico publicar algo sobre esa historia. Otros tres oficiales y funcionarios del gobierno estadounidense acosaron a Keller con consecuencias graves si publicara la información. Keller declaró que consideraron profundamente las recomendaciones del gobierno estadounidense, pero al final, determinaron que la publicación de información veraz y oportuna era su deber y que no existía razón ninguna suficiente importante para no publicar esta historia.
Después de su publicación, el Presidente George W. Bush llamó al periódico “desgraciado”, indicando que su junta editorial y los periodistas que trabajaron en la investigación eran “traidores.” El Vice Presidente Dick Cheney pidió que revocaran al Premio Pulitzer que ganó el periódico por sus extraordinarias investigaciones y escritos. Un congresista republicano, Peter King, dijo que iban a buscar enjuiciar al periódico bajo la Ley de Espionaje del año 1917, acusándolo de haber cometido una “traición a la patria”. Otros congresistas están intentando quitarle sus credenciales de prensa para que no puedan publicar más ni puedan ejercer periodismo en el país.
Durante los últimos cinco años, más de 11 periodistas en los Estados Unidos han sido encarcelados o enjuiciados por no revelar sus fuentes de información o por no querer violar su ética profesional. Desde hace más de una década, el Pentágono ha controlado el flujo de información sobre todas las acciones y actividades del gobierno estadounidense en el exterior, dejando a los periodistas y medios de comunicación con una información “empaquetada” y “preparada,” y muchas veces, manipulada. Ahora, los niveles más altos de la administración de Bush intimidan y acosan a periodistas y medios de comunicación para que no publiquen información veraz que critica o pone en duda la efectividad y legalidad de su política. Y más grave aún, cuando publican la información, los amenazan con enjuiciarlos por traidores y los atacan e intentan humillarlos directamente desde el despacho oval.
Triste es ver al país que se fundamentó en los principios de la libertad, donde millones han perdido sus vidas en nombre de la democracia, secuestrado por un gobierno y una élite tan perversa que poco a poco va quitando cada derecho y cada ideal que en algún momento de la historia hizo esa nación grande.
(Extraído de www.emancipacion.org)
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